28 septiembre 2026

Autoridades ejidales exigen la intervención de la PMA

Álamo, Ver.- Temiendo un daño irreversible al ecosistema así como en la salud de los pobladores, habitantes de la localidad La Providencia solicitan la intervención de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) para que analice el agua del arroyo que cruza por esta y otras comunidades, pues sospechan que una empresa juguera, que recientemente adquirió un terreno cercano, esté envenenando sus aguas con sus desechos industriales.

Autoridades de dicha comunidad dieron a conocer que fue hace un par de meses cuando una empresa procesadora de cítricos (sin proporcionar el nombre) asentada en la cabecera municipal de Álamo, compró varias hectáreas de terreno en la zona, ubicadas entre las localidades Tincontlán y La Providencia, con el fin de instalar lagunas de oxidación para el tratamiento de sus desechos.

Siendo desde ese tiempo a la fecha que han notado un cambio en la composición del agua del arroyo, presentando una acumulación inusual de espuma y un olor desagradable, producto de lo que piensan son las aguas residuales, llenas de sosa cáustica u otras sustancias nocivas empleadas para la limpieza de los equipos, y que el personal de la juguera vierte indiscriminadamente al arroyo; tal como lo ha hecho la empresa IQCitrus de Agua Nacida, que ha venido envenenando desde hace años el arroyo de dicha localidad y que desemboca en el río Pantepec.

Por lo que ahora la preocupación de los pobladores no sólo es en relación al daño que esto cause en el ecosistema, al acabar con algunas especies que dependen del arroyo, sino las repercusiones que esto traiga en la salud de los habitantes, pues los agentes tóxicos estarían alcanzando los mantos freáticos, envenenando el agua de los pozos y causando severos estragos en la salud, no sólo en La Providencia, sino también en Aquiles Serdán, La Concepción, El Cerrito, Estero del Ídolo y La Unión, que son localidades donde corre el agua de este afluente antes de llegar al río Pantepec.

Por lo que exigen la intervención de la Procuraduría Estatal de Protección del Medio Ambiente para que lleve a cabo las investigaciones pertinentes y, de encontrar responsable a la empresa, se apliquen las sanciones correspondientes, ya que de lo contrario serán los mismos pobladores quienes tomen las medidas que ellos consideren necesarias para frenar este problema antes de que avance.

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