21 noviembre 2026

Por Misael Olmedo Sifuentes

Destacando que el sistema penitenciario debe funcionar como base social de las personas privadas de su libertad y procurar que no vuelvan a delinquir la diputada federal, Raquel Bonilla Herrera logró la aprobación del Pleno de la Cámara de Diputados a la reforma que garantiza atención psicológica a personas privadas de su libertad.

Esta aprobación de reforma se remitió al Senado de la República luego de que la Cámara de Diputados aprobó, con el consenso de 452 votos, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para garantizar atención psicológica a las personas privadas de su libertad.

La promovente de la reforma es la diputada federal, Raquel Bonilla Herrera que resaltó que el sistema penitenciario debe funcionar como base social de las personas privadas de su libertad y procurar que no vuelvan a delinquir; el objetivo central de la política de seguridad debe ser evitar y reducir la violencia y delincuencia mediante la adopción de una cultura de paz y cohesión social.

Subrayó que se debe impulsar “una reinserción social integral y progresiva, que garantice una reducción de las tasas de reincidencia delictiva y permita a las personas privadas de su libertad desarrollarse en un ambiente de bienestar”.

El documento, enviado al Senado para sus efectos constitucionales, precisa que toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; para tal efecto, los centros penitenciarios deberán contar con las instalaciones adecuadas para prestar los tratamientos correspondientes.

Dentro de la atención médica se deberá considerar los servicios de psicológica o psiquiatría, los cuales se prestarán de manera permanente por personal certificado del Centro o, en su defecto, por personal externo a los centros penitenciarios que dependan del Sistema Nacional de Salud.

La autoridad penitenciaria diseñará y establecerá los protocolos correspondientes para garantizar las condiciones en las que se ha de llevar a cabo la intervención psicológica permanente.

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